Quieren universidades representación en junta del Conacyt

Por Ágora Digital///Redacción

Ciudad de México,(08-03-2023).-Las instituciones de educación superior mexicanas deberían ser una parte básica de la iniciativa gubernamental de Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, pero se les está excluyendo de la conformación de la misma, alertaron investigadores universitarios.

Durante un foro realizado en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Luis Mier y Terán Casanueva, profesor del Departamento de Física de la Unidad Iztapalapa, resaltó que en el artículo 64 de la propuesta de ley se dice que sólo serán miembros de la junta de gobierno del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías las 13 secretarías de Estado.

También las universidades deberían de estar, pero lejos de hacer participar a las distintas comunidades que hacen ciencia, incluidos creadores o beneficiarios de ella, se les descarta simplemente de un plumazo al no ofrecerles ninguna colaboración en el desarrollo de la misma, expresó quien fuera rector general de la UAM de 2001 a 2005.

Por lo anterior, el investigador sostuvo que se vuelve una ley gobiernista que tiene una diferencia fundamental entre la primera parte, la cual es declarativa y, la segunda, en la que la situación resulta más difícil cuando se trata de explicar cómo se llevarán a cabo las acciones.

Por su parte, Giovanna Valenti Nigrini, profesora del Departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco, alertó: presenciamos una invisibilización de la producción del conocimiento en esta propuesta de ley. Me preocupa mucho que sólo se proyecta la invitación a docentes, humanistas e innovadores, de acuerdo con la decisión de la junta para tener voz, pero no voto.

La académica hizo notar la ambigüedad existente en el tema de becas y apoyos, pues se plantea su universalidad, pero, al mismo tiempo, se dice que se otorgarán con base en la disponibili-dad presupuestal.

Teresa García Gasca, rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, consideró que, si bien la iniciativa presentada por el Ejecutivo comienza de forma propositiva defendiendo el derecho a la ciencia, no tiene un compromiso por el presupuesto para ella y desincentiva el registro de la propiedad intelectual, derivado del control que se pretende ejercer sobre la investigación.

De igual manera, coincidió en que las universidades hubieran esperado ser partícipes de este plan de manera activa, dada la importancia de estas instituciones en el desarrollo científico de México; sin embargo, a pesar de haber estado en foros y discusiones, no se tomaron en cuenta sus ideas.