El derecho a saber funciona en México, a pesar de las resistencias gubernamentales

Por Gerardo Romo/// Ágora Digital

• Durante los primeros cuatro años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, 667 solicitudes de acceso a información pública recibieron como respuesta que la información solicitada está reservada por causa de seguridad nacional.
• Una de las facultades del INAI es proponer sanciones a quienes no cumplan con sus resoluciones, e interponer acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes y tratados que vulneren los derechos de acceso a la información y protección de datos personales.

Zacatecas,(31-07-2023).- El pasado 27 de abril el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los senadores afines a su proyecto desaparezcan el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) bajo el argumento de que «no ha servido para nada».

En contraste a la afirmación del Presidente, de 2002, cuando se creó el entonces Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) a la fecha como INAI la institución ha recibido y procesado 2 millones 800 mil solicitudes de acceso a la información.

Gracias al acceso a la información pública, ejercido fundamentalmente por el periodismo, el pueblo de México se enteró por ejemplo de la compra de toallas de hasta 400 dólares que la entonces pareja presidencial de Vicente Fox y Martha Sahagún adquirieron del erario, a ése hallazgo de la periodista Anabel Hernández se le conoció como el toallagate que resultó ser el primero de muchos escándalos del panismo de Vicente Fox y después de Felipe Calderón.

También supimos del saqueo que los gobiernos del PAN hicieron de PEMEX donde los hijos de Martha Sahagún , por ejemplo habrían hecho negocios millonarios saqueando la paraestatal como documentó en sendos libros la periodista Ana Lilia Pérez.

Y más recientemente con lo ocurrido en la llamada Estafa Maestra, nombre que se le dio a la operación de 128 empresas fantasmas en el Gobierno de Enrique Peña Nieto que a través de 11 dependencias federales encabezadas por la Sedesol se propinó un daño al erario de 7 mil 670 millones de pesos, según reveló el equipo de periodistas del portal animal político quienes para sus hallazgos les fue fundamental la ley de Acceso a la Información Pública https://contralacorrupcion.mx/web/estafamaestra/

Además, la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad documentó 35 casos que denominó emblemáticos de presunta corrupción durante el sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto en el que se vieron involucrados gobernadores de prácticamente todos los partidos políticos, funcionarios federales y el propio Peña con el polémico caso de La casa blanca.

De acuerdo al documento de 133 páginas que contiene el informe de la corrupción de lo que intitularon «Enrique Peña Nieto, la corrupción como sello de gobierno, un sexenio perdido para México«, en su documento nombran 4 factores esenciales de ése periodo para la institucionalización de la corrupción, ellos son:

a) La gran corrupción ocurre con el apoyo de una red de complicidad.

b) El aval del poder político es fundamental, máxime si viene desde el grupo del presidente o del gobernador.

c) La impunidad alimenta a la gran corrupción de manera sostenida

d) La corrupción se escuda en la ineficacia, aprovechando la falta de controles, supervisión,
transparencia en la gestión y rendición de cuentas.

Puede decirse entonces que uno de los factores que contribuyeron a la llegada del Presidente Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de México en 2018 fue el hartazgo de la población al régimen priísta que en buena medida fue desnudado especialmente por un sector del periodismo en México haciendo uso, entre otras herramientas de la Ley de Acceso a la Información Pública.

Las trabas en el INAI con sello de la 4T

El INAI tiene cuatro meses sin poder resolver más de 7 mil 200 medios de impugnación debido a que por ley debe tener al menos 5 de los 7 consejeros que integran el pleno y hoy solamente son cuatro.

El 13 de abril, el portal Latinus reveló el audio de una reunión entre Adán Augusto López, entonces Secretario de Gobernación, y senadores de Morena- PT-PES-PVEM en el que dijo según la grabación, que el atascamiento del INAI es una circunstancia “ideal” para el actual Gobierno. Y el 25 de abril en la Mañanera señaló que Latinus falseó el audio de la conversación que tuvo con los senadores del bloque presidencial.

El pasado 1 de marzo el Senado de la República nombró a Yadira Alarcón Márquez y a Rafael Luna Alvizo como consejeros del INAI pero sus nombramientos fueron vetados por el Presidente López Obrador por considerar que el procedimiento había sido incorrecto.

Abraham Montes Magaña, coordinador de los organismos garantes de las Entidades Federativas del Sistema Nacional de Transparencia en entrevista con Ágora Digital lamentó que la inoperancia en la que el Senado mantiene al INAI por la falta de nombramiento de tres consejeras y consejeros impide el acceso a la justicia de las personas que acuden al INAI para salvaguardar sus derechos humanos.

«Hacemos el llamado para que se cuente con el quórum necesario en el INAI y se pueden resolver los más de 7 mil recursos de revisión y las denuncias que no ha podido resolver por falta del nombramiento de comisionados», dijo el también Presidente del Instituto Michoacano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

¿Qué le pedirían a los aspirantes a ser presidentas y presidentes de México hoy en campaña?, le pregunté

-Nosotros somos respetuosos de las instituciones públicas las y los candidatos que se postulen deben cuidar los datos personales y su compromiso por fortalecer la cultura de la transparencia y el acceso a la información y nosotros seguir trabajando con la ciudadanía con cargo o sin cargos públicos para que se tomen las mejores decisiones garantizando este derecho humano-, dijo.

Pie de Foto: Montes Magaña, llamado enérgico

En materia de acceso a la información, hay 5 mil 75 recursos de revisión pendientes de votación. Del 65 por ciento del total, 44 por ciento se relacionan con trámites; 11 por ciento con condiciones
laborales, y 9 por ciento, con la estructura orgánica de las dependencias.
Los trámites solicitados por la población, que no pueden resolverse con la intervención del INAI, involucran a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), a la Comisión
Nacional del Agua (Conagua), a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y al Registro Agrario Nacional (RAN), principalmente.
En materia de protección de datos personales, existen 862 recursos pendientes de votación. Del 95 por
ciento del total, 55 por ciento corresponden a pensiones; 32 por ciento a trámites de acceso a datos y 8 por ciento a expedientes médicos.
“La afectación a la ciudadanía ocasionada porque el Pleno del INAI no pueda sesionar es real e impacta de manera negativa entre la población que no puede avanzar en trámites importantísimos. Que una persona, después de toda una vida de trabajo, pueda concretar o no una jubilación no debería estar a discusión; sin embargo, lo está porque nosotros no podemos sesionar y resolver; mientras esto ocurre, hay miles de mexicanos afectados”, aseguró la comisionada del INAI Julieta Del Río Venegas.

En 2022, el INAI recibió 26,153 medios de impugnación interpuestos por ciudadanos, luego de que les fue negado su derecho a la información por las instancias gubernamentales.

Entre 2019, el primer año del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador) y 2022 (el cuarto de su mandato), el número de recursos resueltos por el pleno del Inai se incrementó 20.10%, al pasar de 19,751 a 25,310.

Por una mayoría de ocho votos, el pleno se la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó el 13 de julio el proyecto de la ministra Loretta Ortiz, que defendía la actuación de los senadores que, luego de más de un año, no han concretado los nombramientos de los Comisionados pendientes del INAI, y recordó que se trata de un mandato constitucional.
La Corte entonces retomará el asunto en agosto, esta vez bajo la ponencia del Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, a quien le tocará rehacer el proyecto y sus efectos.

«Confiamos en que la mayoría de las Ministras y los Ministros respaldarán la propuesta del Instituto: que una decisión de carácter político no puede ni debe afectar el ejercicio de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales de las y los mexicanos”, dijo Julieta del Río.

¿Pendiente ciudadano?

En México sólo una de cada 10 personas han elaborado una solicitud de acceso a la información y 8 de cada 10 desconocen que existe una Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) que contiene datos relevantes del uso de recursos públicos de los gobiernos federal, estatal, municipales y sus dependencias, establece la Encuesta Nacional de Percepción Ciudadana INAI (2019) en la que se aplicaron 2,100 encuestas en los 32 estados.

La falta de conocimiento y de interés son, de acuerdo a la encuesta, las principales razones para no ejercer derecho a la información.

Además, la ciudadanía desconfía que la información que obtiene de las dependencias públicas sea verídica.

Sobre la protección de datos personales, más del 80 por ciento de los encuestados coincidieron que la información que más les preocupa se diera a conocer es el domicilio particular, y los ingresos propios, nombre, teléfono y la tarjeta del banco.

Seis de cada 10 encuestados dijeron tener una buena opinión del INAI.

«Las declaraciones realizadas por el ejecutivo federal sobre el INAI han causado poco impacto negativo entre la población. Solo 28 % de las personas han escuchado o visto las opiniones del Presidente de la República hacia el Instituto, y de ellos, el 18 % cree que (estas opiniones) son favorables hacia el INAI, y solo el 10 % que son en contra de este», concluye la encuesta.

¿Qué información busca la población según INEGI?

En la Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 2019 el INEGI realizó una muestra en 17,600 hogares siendo la televisión el internet y las redes sociales los medios más utilizados por la población para informarse de los temas que le interesan.

Además, el 84 .8 por ciento de la población vio, escuchó o leyó información gubernamental sobre seguridad pública, narcotráfico o delincuencia.

El 53 por ciento de la población dijo tener mucha confianza en la información que difunde el gobierno, principalmente porque ésta se difunde.

Sólo el 35.7 por ciento de la población identifica las páginas de internet como medios para obtener información de los gobiernos.

Y el 48.4 por ciento de la población considera que es difícil o muy difícil obtener información de gubernamental.

El 56 por ciento de la población prefiere que la información gubernamental se difunda por televisión y el 41 por ciento por internet.

Sobre el tipo de información gubernamental que consulta la gente, el 32 por ciento respondió que es sobre trámites, el 29.6 por ciento sobre servicios de seguridad pública, el 24.5 sobre áreas inseguras a causa de la delincuencia , 24.1 por ciento de hospitales públicos, 22.7 por ciento consulta información sobre escuelas públicas, 22.5 sobre campañas de salud, 16.6 conservación del medio ambiente y 12.6 consulta sobre oportunidades de empleo en el gobierno; 6.7 por ciento consulta sueldos de servidores públicos y el 5.7 consulta información sobre concesiones, compras, contrataciones y servicios de obra pública.

El 72.3 por ciento de la población considera que todos tienen derecho a conocer la información que genera el gobierno.

El 54.8 por ciento de la población manifestó haber escuchado sobre la existencia de una institución de gobierno que garantiza el derecho de acceso a la información pública, de los cuales el 46.2 por ciento mencionó al INAI antes IFAI.

El 54.9 por ciento de la población manifestó saber donde interponer quejas sobre el servicio médico, 52.5 sobre trámites fiscales, 52.1 por ciento sobre seguridad pública, 45 por ciento en trámites ante el ministerio público y 36.6 sobre denuncias contra funcionarios públicos.

El 96.6 por ciento de la población que recibió respuesta a su consulta de información sobre trámites fiscales la consideró confiable y le resultó útil.

El 93.2 por ciento de la población que recibió una respuesta a su consulta de información a una institución de gobierno la consideró útil.

Sólo el 16.1 por ciento de la población consultó una página de internet de gobierno durante 2019.

...Y las resistencias a la transparencia, preocupan en los estados

En general en el País persisten las resistencias de los sujetos obligados para cumplir con las obligaciones de la ley de transparencia, por ejemplo en el caso de Zacatecas, los sindicatos salieron reprobados por incumplimientos a la ley, así como tres municipios que colocaron cero información en sus portales de internet, precisó la Consejera Presidenta Fabiola Torres Rodríguez.

Debido a incumplimientos de sujetos obligados por la ley se calcula que la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado ha cobrado en el último año aproximadamente tres millones de pesos.

«El IZAI no se hace cargo de ése recurso, aunque nos hace falta, para evitar malas interpretaciones con los sujetos obligados», señaló la consejera Fabiola Torres.

Por su parte, Francisco Yañez Centeno, Comisionado Presidente del Instituto de Acceso a la Información de Colima lamentó que como sucede con la mayoría de los institutos de transparencia en los estados se trabaja con pocos recursos en relación a los que necesitan.

«Actualmente nosotros tenemos un presupuesto anual de 13.5 millones, pero requerimos de al menos 20 millones para poder cumplir con nuestras obligaciones y desafortunadamente no tenemos recursos suficientes pero se nos está triplicando el trabajo, nos hace falta personal, así como nosotros están la mayoría de los institutos estatales», aseguró Yañez en entrevista con Ágora Digital.

Rita Elena Balderas Huesca, Comisionada Presidenta del Instituto de Acceso a la Información de Puebla refirió que su presupuesto está 8 millones de pesos por debajo de lo que requieren anualmente, situación que los ha obligado a optimizarlo y echar mano de convenios con el INAI para fortalecer las acciones de capacitación a la ciudadanía y a las dependencias de gobierno estatal y municipales.

«Si detectamos muchas resistencias para cumplir con el acceso a la información por parte de las instancias gubernamentales, requerimos recursos para intensificar la socialización de este derecho humano entre la población para que lo ejerzan», dijo.