«Acceso a la información y transparencia garantizados»: Miguel Ovalle, lamenta resistencia en municipios

Zacatecas,(21-05-2026).-El cambio más radical en cuanto a transparencia y acceso a la información dentro del estado es la transición de un modelo de organismo autónomo a un esquema de simplificación orgánica. Tras la extinción del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI) concretada el año pasado, la legislatura local armonizó las leyes para crear Transparencia para el Pueblo, el cual nace como un órgano desconcentrado adscrito a la Secretaría de la Función Pública.

«El derecho humano al acceso a la información pública y la transparencia está garantizado, porque representa para los ciudadanos la posibilidad de tener una mejor democracia», dice sin dudarlo, el doctor Miguel Ovalle, director de Transparencia para el Pueblo en entrevista con Ágora Digital

Miguel Ovalle enfatiza que, aunque el organismo cuenta con autonomía técnica y de gestión, existe una dependencia directa en lo presupuestal. La diferencia operativa y financiera con el extinto instituto es abismal, lo que marca un hito en la política de austeridad de la llamada «Cuarta Transformación y ejemplifica:

El IZAI cerró su ejercicio con un presupuesto anual deal menos 22 millones de pesos, en contraste, Transparencia para el Pueblo operará este año con apenas 800 mil pesos.

El IZAI operaba con una plantilla de 44 personas y un pleno de tres comisionados. El nuevo organismo arranca con un equipo de solo cinco personas , y la responsabilidad de emitir todas las resoluciones jurídicas recae exclusivamente en la figura del titular, eliminando las decisiones colegiadas.

Sujetos Obligados y Fragmentación: A diferencia del IZAI, que centralizaba la vigilancia de todo el estado, el nuevo ecosistema fragmentó las facultades en 10 autoridades garantes distintas (tales como el Instituto Electoral, el Poder Judicial, la Legislatura, la Fiscalía y Derechos Humanos), las cuales actúan como «pequeños IZAI» en sus respectivos ámbitos.

Sin embargo, Transparencia para el Pueblo sigue siendo la autoridad con mayor carga de trabajo, teniendo bajo su tutela a un estimado de 108 sujetos obligados, que incluyen a los 58 ayuntamientos, las dependencias del Poder Ejecutivo estatal y diversos organismos descentralizados. (Los sindicatos quedaron fuera de su competencia debido a controversias constitucionales) .

A pesar de la drástica reducción de recursos, Ovalle defiende que el derecho humano de acceso a la información prevalece intacto en las constituciones federal y estatal.

La apuesta para el mediano plazo es demostrar si este «laboratorio de austeridad» es funcional para la vida democrática o si requerirá un crecimiento gradual de personal auxiliar para no colapsar las áreas operativas.

Foco Crítico: Omisiones e Incumplimiento de los Municipios

El punto más alarmante de la transición radica en la resistencia, apatía y omisión por parte de los gobiernos municipales ante el nuevo panorama legal.

Silencio Institucional: Miguel Ovalle comentó que hace un mes, Transparencia para el Pueblo giró una circular oficial a los 58 ayuntamientos del estado para notificarles la designación del nuevo titular y requerir formalmente los datos de los responsables de sus Unidades de Transparencia. Al momento de la entrevista, solo 22 de los 58 municipios habían respondido el requerimiento.

Desmantelamiento de Unidades: Ovalle denunció que, tras la desaparición del IZAI, muchos alcaldes asumieron erróneamente que la fiscalización en materia de transparencia y acceso a la información había terminado y optaron por desaparecer sus unidades de transparencia o dejar de cargar información en los portales oficiales.

«Existe una preocupación real de que los ayuntamientos no hayan realizado las cargas correspondientes al primer trimestre del año (cuyo límite fue en abril) o que existan faltas graves en el tratamiento y resguardo de la información pública conforme a la Ley de Archivos», comentó.

Cultura de la Negligencia: «Persiste la visión de los alcaldes de considerar la transparencia como una carga administrativa secundaria, es común que el personal asignado a estas áreas no tenga recursos, no cuente con personal de apoyo o sea saturado con otras tareas ajenas a la rendición de cuentas», explica

Ante este escenario de opacidad, Miguel Ovalle lanzó una advertencia directa y contundente a los funcionarios omisos. Subrayó que la nueva legislación mantiene la facultad sancionatoria y aclaró un punto crítico que suele ser ignorado: las multas económicas no se pagan con recursos públicos de los presupuestos municipales; se cobran directamente del patrimonio personal del funcionario que cometió la omisión«, señala.

Situación Operativa Actual y el Proceso de Acreditación

Debido a que el organismo «arranca de cero», actualmente se encuentra en una etapa puramente administrativa y de cimentación jurídica.

Entrega-Recepción y Rezago: El organismo recibió de la Función Pública el mobiliario e infraestructura física del antiguo ISAI (oficinas ubicadas en Ciudad Administrativa) , pero el activo más crítico son 110 archivos físicos de trámites pendientes (recursos de revisión y denuncias por incumplimiento de obligaciones) que quedaron «en el limbo» tras la extinción del instituto.

Suspensión de Plazos y la PNT: Aunque la reforma al reglamento de la Función Pública ya fue publicada en el Periódico Oficial para dar legalidad al organismo , Transparencia para el Pueblo no cuenta todavía con la acreditación de la Federación para acceder a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). Por esta razón, emitieron un acuerdo de suspensión de plazos legales. Esto significa que, aunque poseen los expedientes físicos, no pueden realizar la sustanciación jurídica plena ni conocer nuevas impugnaciones digitales hasta que el gobierno federal otorgue los accesos, un proceso que estiman se resuelva a más tardar en el mes de julio.

Estructura Interna: El funcionario explica que se tiene ya el reglamento interno y solo falta la firma del gobernador del Estado David Monreal Ávila para su publicación. En él se definen las tres áreas esenciales (las cuales operan con una sola persona a la cabeza cada una:

Dirección de Denuncias y Obligaciones de Transparencia: A cargo de la Lic. Janet Báez (con experiencia previa como secretaria ejecutiva en el IZAI).

Dirección de Recursos de Revisión: Dirigida por la Lic. Alejandra Acevedo (con trayectoria en unidades de transparencia del ejecutivo).

Área de Administración y Finanzas es encabezada por la contadora Edith Guerrero.

Aunque explica que la principal apuesta de Transparencia para el Pueblo en esta primera etapa es apostar a la concientización y arraigar una cultura cívica en sujetos obligados y ciudadanía en general de que la transparencia y el acceso a la información son claves necesarias para tener mejores gobiernos y una democracia más participativa

Mecanismos de Control y el Nuevo Subsistema de Transparencia

Para contrarrestar las críticas de la oposición respecto a que el organismo perderá independencia al estar subordinado al Gobierno del Estado , la nueva ley contempla la creación del Subsistema de Transparencia del Estado de Zacatecas.

Este subsistema funcionará como un consejo estatal presidido por la Secretaría de la Función Pública, pero integrará a las 10 autoridades garantes y a los ayuntamientos.

Su propósito fundamental será homologar y aterrizar a nivel local los criterios, lineamientos y determinaciones emitidos por la Federación. Este espacio busca dar un carácter más institucional a la toma de decisiones y coordinar los esfuerzos de los municipios, evitando que la transparencia sea vista como una herramienta de facción política y devolviéndole su utilidad esencial: ser un mecanismo de control en manos de los ciudadanos para evaluar la gestión pública y ejercer un voto informado.

«Desarrollaremos una estrategia de transparencia proactiva y sensibilización», insistió.

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