Tiene CDHEZ 30 quejas por falta de acceso a la justicia; analizan emitir recomendaciones

Themis, la Diosa de la justicia

Zacatecas,(28-09-2024).-La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CDHEZ) tiene en proceso 30 quejas que diferentes personas interpusieron por considerar que se les obstaculiza el derecho del acceso a la justicia.

Se está investigando si hay responsabilidad de alguna autoridad y violación a los derechos humanos, de ser así se emitirá una recomendación», precisó Marcela Dimas, ombudsperson en la entidad.

Debido a que los casos están en trámite e investigación, Dimas Reveles comentó que no puede dar información detallada.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su artículo 14 establece que todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil.

El pacto en su artículo 14 numeral 6 establece que cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente revocada, o el condenado haya sido indultado por haberse producido o descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión de un error judicial, la persona que haya sufrido una pena como resultado de tal sentencia deberá ser indemnizada.

Maricela Dimas Reveles informó que por presuntas violaciones a la legalidad y y seguridad jurídica hasta el momento la Comisión de Derechos Humanos del Estado ha recibido 33 quejas.

«Los 66 casos son expedientes todavía activos donde la voz violatoria fundamental es el derecho al acceso a la justicia y el derecho a la legalidad y la seguridad sustantiva», señaló.

Acceder a la justicia y participar efectiva y adecuadamente en los procesos judiciales es una aspiración fundamental de los sistemas de justicia.

«Muchas personas y grupos se  enfrentan barreras y dificultades  en circunstancias específicas al acceder a la justicia o cuando entran en contacto con ella debido a su edad, sexo, orientación o expresión de género, situación de discapacidad, origen étnico, origen étnico, estatus migratorio, vulnerabilidad social o la concurrencia de todas estas características, muchas personas no logran ejercer su derecho de acceso a la justicia de manera adecuada», comentó Alejandra Martínez integrante Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia, durante una conferencia que dictó en Octubre del 2023.

Sugerencias de USAID en materia de acceso a la justicia

Lissette Dumit, representante de la iniciativa USAID de Estados Unidos que entre otras cosas asesoró a México en 2008 para la implementación del nuevo sistema de justicia penal en México basado en la oralidad, identifica diferentes buenas prácticas en países de América y el Caribe para permitir que los grupos vulnerables como indígenas, personas con discapacidad, adultos mayores, migrantes e integrantes de la comunidad LGTB+ tengan garantizado el acceso a justicia plena e imparcial.

  • El sistema de justicia debe acercarse a los grupos vulnerables, hacerles participar en todo el proceso y preguntarles de manera directa qué necesitan
  • La justicia debe ser accesible, amigable, receptiva y empática hacia las personas (víctimas e imputados).
  • Involucrar a la comunidad en la identificación de sus necesidades y en la búsqueda de soluciones a través de su participación activa, utilizando en los casos que amerite la resolución al tema de conflictos.
  • Capacitación de operadores de justicia (jueces de primera y segunda instancia aplicando ejercicios simples como que recorran las instalaciones (juzgados) en sillad de ruedas o como invidentes o que tomen el papel de un inmigrante con traductores que hablan idiomas distintos al propio y así vivan las brechas de accesibilidad a la justicia y puedan romperlas con acciones concretas.
  • Establecer Casas Comunitarias de Justicia como ocurre donde se ofrecen servicios públicos y privados de orientación legal, representación legal, servicios psicológicos y municipales; acceso a la justicia mediación y conciliación que descongestiona  a los tribunales, sensibilización y educación con charlas de paz.
  • Fiscalías barriales centradas en soluciones a la comunidad para prevenir y evitar reincidencia.
  • Incentivar la Justicia Restaurativa con apoyo holístico que incluya salud mental, apoyo económico y de salud, de atención a la violencia de género hasta restaurar el tejido social de la víctima y posibilitarle su autonomía así como reducir tiempos de respuesta en conflictos familiares y comunitarios.

Estas sugerencias ya son aplicables con éxito según Lissette Dumit en países como República Dominicana, Guatemala, El Salvador e incluso Kosovo (Serbia), entre otros.